La insurgencia que
viene[1]
Raúl Pérez Ríos
Son
muchos los agravios que se han ido acumulando entre la clase trabajadora y la
sociedad en general, los cuales pueden ser el preámbulo de una gran insurgencia
popular a nivel nacional que impida que el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN)
termine presentando cifras alegres, antes de pasarle la estafeta a otro
presidente de la República emanado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Simplemente
hay que señalar que el antecesor de EPN, Felipe Calderón Hinojosa, se encargó
de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, dejando a más de 40 mil
trabajadores sin empleo e impidiendo que por la vía legal lograran su
reinstalación bajo la figura del patrón sustituto, al subsistir su materia de
trabajo, aunque ahora a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De
nada sirvió la gran cantidad de manifestaciones, marchas, mítines, plantones,
huelgas de hambre, entre otras acciones que los integrantes del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) han realizado para luchar por la defensa de su
trabajo.
Hasta
el momento sólo han obtenido pequeños paliativos, como la seguridad social y la
jubilación de algunos de sus miembros, pero el objetivo fundamental que es la
recuperación de su empleo, se encuentra muy lejos de ser alcanzado.
La
embestida contra el SME fue una clara señal de que se estaba iniciando un
ataque frontal contra las organizaciones sindicales independientes, así como
contra las principales conquistas de los trabajadores, entre las que se
encuentra la estabilidad laboral.
Una
vez dado este fuerte golpe al SME, el ahora ex Presidente Felipe Calderón
Hijosa continuó con la presentación de la Reforma Laboral, para su posterior
aprobación, con la cual se legalizaron las contrataciones laborales precarias
que ya existían de manera ilegal, como el outsourcing, la contratación por
horas, etc., favoreciendo con ello a la patronal, en detrimento de los derechos
de los trabajadores y sus conquistas históricas.
Ni
la Unión Nacional de Trabajadores, ni el Frente Sindical Mexicano y demás
sindicatos independientes y democráticos pudieron echar atrás la aprobación o
modificación de dicha reforma que dejó intocado al charrismo sindical y sus
prácticas clientelares y corruptas, al evitar la transparencia sindical y
fortaleciendo la existencia de los contratos de protección patronal, al
dificultar aún más la realización de demandas de titularidad y recuentos, para
que los trabajadores no tengan la posibilidad de elegir al sindicato que mejor
represente sus intereses.
Con
la mano en la cintura, el Estado, después de asestar este duro golpe a la clase
trabajadora perteneciente al Apartado A del Artículo 123 Constitucional, se
dispuso a enfrentar ahora al magisterio democrático agrupado en la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), proponiendo para ello una
“Reforma Educativa”, que nada tiene de educativo, pero sí de laboral, ya que
impacta principalmente en los aspectos de la contratación, permanencia,
promoción y condiciones de trabajo del magisterio.
La
reciente aprobación de la Reforma Educativa y sus tres leyes secundarias
constituye un cambio radical en las condiciones de trabajo de los maestros, a
los cuales se les está eliminando prácticamente su derecho a la estabilidad en
el empleo.
Vale
la pena señalar que al sector de trabajadores al servicio del Estado que esta
perfectamente controlado por el sindicalismo charro y que son afines al partido
en el poder, hasta el momento no se les ha tocado ni un pelo con estas
reformas, al grado que los mismos dirigentes de dichas organizaciones
“sindicales” a las que más bien se les debería denominar “organismos
corporativos de control patronal”, han salido a aplaudir todas aquellas
iniciativas que atentan contra las organizaciones sindicales independientes y
democráticas, en un acto claramente de esquirolaje.
En
el sector popular, la desaparición de LyFC y la eliminación de los subsidios a
la electricidad, está ocasionando que los usuarios de este servicio en el
centro del país que está siendo afectado por las altas tarifas eléctricas, se
empiecen a organizar y a unir con los usuarios de otros estados que ya llevan
tiempo luchando contra dicha realidad.
Como
todos saben, la eliminación de los subsidios del Estado al sector energético ya
tiene tiempo instrumentándose por “recomendación” de los organismos
multilaterales como la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
Las
alzas constantes a la gasolina ha tenido un impacto inflacionario, ya que
provoca el aumento del transporte, así como de todos aquellos productos o
servicios que lo requieren, y con los raquíticos incrementos salariales que se
le otorgan año con año a la clase trabajadora, ya casi no hay sueldo que
alcance.
A
clase media, sin duda, cada vez más está en peligro de extinción y su papel
como estabilizador social se vuelve más insignificante. Las recientes
manifestaciones de los jóvenes universitarios y anarquistas son una muestra no
solo de politización, sino también del descontento social que se está generando
ante la falta de oportunidades, tanto para acceder a la educación media
superior y superior, como al trabajo, a pesar de las necesidades que existen
por el encarecimiento de la vida.
La
estocada final que le espera a la sociedad mexicana es, sin duda, la aprobación
de la Reforma Energética y Hacendaria o Fiscal, con las cuales se pretende
entregarle el petróleo o por lo menos sus ganancias a la iniciativa privada,
buscando que ahora la sociedad aporte los recursos que le dejará de dar la
venta del petróleo al Estado.
La
aplicación del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas, así como el
aumento del mismo en los demás productos y servicios terminará por colmarle el
plato a la sociedad mexicana, para dar paso al México bronco que ha sido
protagonista de grandes gestas históricas, como el Movimiento de Independencia,
la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana.
Las
condiciones objetivas para un estallido social cada vez se van profundizando
más, mientras que las condiciones subjetivas se van construyendo a un paso más
lento, pero seguro, ya que los agravios que se han ido acumulando obligan a que
los sectores conscientes y organizados de la sociedad vayan dejando de lado sus
intereses gremiales y sectoriales, para empezar a trazar un proyecto político
en defensa de la soberanía nacional y de los derechos del pueblo que pueda
cristalizarse y transformar esta realidad que oprime y en su caso reprime a los
que empiezan a luchar.
La
CNTE, con su estructura, su trayectoria de lucha y la situación que enfrenta en
estos momentos, tiene la posibilidad de aglutinar a todos estos sectores
sociales que han sido y serán agraviados por el Estado, a través del llamado
“Pacto por México”, y encabezar con ellos una gran insurgencia magisterial y
popular a nivel nacional, como la que realizó en el año 2006 la Sección 22 del
SNTE en el estado de Oaxaca, con la conformación de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca.
Si
cada quien sigue luchando por su lado y además divididos, como sucede
actualmente en la lucha contra la Reforma Energética, con el Partido de la
Revolución Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas por un lado y el Movimiento
Regeneración Nacional con Andrés Manuel López Obrador por el otro, no se podrá
impedir que este tipo de reformas se aprueben.
Sólo
la unidad, la organización y la lucha nos permitirán vencer estos intentos del
gobierno y la iniciativa privada de despojarnos de nuestras riquezas y los
derechos que tenemos, y eso la CNTE lo sabe y lo tiene como lema de su
movimiento: “Unidos y organizados venceremos”.
[1]
Artículo publicado en “Proyecto Vanguardia. Revista de análisis, denuncia e
información”. No. 4. Septiembre de 2013. p. 22-23.
