lunes, 16 de diciembre de 2013

¿Y usted por qué no protesta?

¿Y usted por qué no protesta?

Raúl Pérez Ríos


Sin duda alguna, actualmente a los mexicanos “nos sobran los motivos”, como diría Joaquin Sabina, para protestar en cualquier parte del país, ya sea por la inseguridad, o por la criminalización de lo protesta social, o por el aumento a la tarifa del metro, o por la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el norte del país, como por los constantes gasolinazos, o las altas tarifas de la energía eléctrica, o por la aprobación de las reformas estructurales, como la laboral, la educativa, la hacendaria o fiscal, la política y la energética, las cuales implicarán la pérdida de las conquistas de los trabajadores, así como la disminución de sus derechos, además de la pérdida de la gratuidad de la educación de manera velada, a través de las cuotas “voluntarias”, y la aplicación de nuevos impuestos, para contrarrestar la pérdida de los ingresos que se dejarán de percibir con la reforma petrolera, aunado a la posibilidad de reelección consecutiva de diputados federales y senadores, lo cual, sin duda, abrirá la puerta para que posteriormente eso se pueda hacer también a nivel de la Presidencia de la República.

Lo que resulta interesante es que a pesar de existir tantos motivos para protestar, la gente en su mayoría no lo hace. Si bien es cierto que hay organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos muy importantes que convocan al pueblo en general a manifestarse, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), o el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), o el Partido de la Revolución Democrática (PRD), o la recién conformada Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación(UPRN), que agrupa a diversas organizaciones de todo tipo, no hayan eco en la sociedad o no tienen suficiente poder de convocatoria para que las marchas, mítines, plantones, bloqueos, cercos, entre otro tipo de acciones que realizan sean verdaderamente masivas para que con ellas se pueda impedir o echar atrás aquello contra lo que protestan, o para obtener o alcanzar aquello por lo que luchan.

La indiferencia de la sociedad ante las cosas que están sucediendo en nuestro país resulta evidente y preocupante, ya que dificulta cualquier cambio por la vía civil y pacífica en beneficio de las mayorías, lo cual deja como únicas alternativas la resignación, en el entendido de que “así son las cosas” y no se pueden cambiar, o la desesperación, es decir, la realización de acciones violentas que sin duda constituirán una catarsis de la sociedad, pero que no resolverán los problemas de fondo que nos aquejan.

La frustración que sienten aquellas personas que se preocupan por el futuro de México y por el legado que les estamos dejando a nuestros hijos, crece día con día, al observar que a pesar de sus acciones de protestas, la política depredadora y derrochadora de los recursos de la nación y de los derechos del pueblo continúa sin inmutarse por aquellos que marchan y gritan consignas.

El antídoto perfecto que ha utilizado el gobierno desde hace mucho tiempo contra las protestas es el ya famoso “ni los veo ni los oigo”, o como quien dice, “háganle como quieran”, “aquí sólo mis chicharrones truenan”.

Por otra parte, entre las telenovelas o los partidos de futbol, el mundial, el teletón o los chismes o escándalos de la farándula, la gente no tiene tiempo o interés en poner atención a las implicaciones que tendrán las reformas estructurales que están siendo aprobadas, además de que el bombardeo constante de la publicidad oficial que difunde las supuestas bondades que tendrán las mismas, seguramente los convencerá, como aquella mentira que se convierte en verdad después de repetirse cientos de veces, y los dejará más confiados y tranquilos, pensando que los que en verdad quieren detener el progreso del país son unos cuantos revoltosos y grilleros que por todo protestan y que con sus marchas y bloqueos perjudican a la ciudadanos que sí trabajan, y con sus actos violentos y sus pintas o sus plantones afean a la ciudad y afectan al comercio formal.

Sin duda esto puede responder en parte el por qué la gente no protesta,o por qué ni siquiera se pudo lograr la realización de un verdadero cerco en el Senado, o en la Cámara de Diputados o en los Congresos de los estados, para impedir la discusión y aprobación de la Reforma Energética, o por qué a pesar de la cantidad de acciones de protesta que diariamente han realizado los integrantes de la CNTE, la Reforma Educativa sigue vigente y en marcha sin haber sufrido algún cambio sustancial.

Aún la protesta convocada en contra del aumento a la tarifa del metro, la cual fue más llamativa y vistosa que las que se hicieron en contra de la aprobación de la Reforma Energética, no lograron, ni lograrán que dicho aumento se anule. Las protestas pasarán y el aumento seguirá.

La gran catarsis realizada contra del aumento a la tarifa del metro se realizó el viernes 13 de diciembre de 2013 con el llamado #PosMeSalto, para evadir el cobro del boleto como medida de protesta. El Gobierno del Distrito Federal anunció que aplicaría una especie de política “laissez fair, laissez passer”, es decir “dejaría hacer” y “dejaría pasar” ese tipo de protesta, pero no recularía en el aumento a la tarifa del metro.

Al #PosMeSalto se le ha tratado de mantener más tiempo, pero cada día que pasa es menor este tipo de protesta y la gente se está resignando a pagar los $5.00 pesos por cada boleto del metro, aunque los supuestos cambios que se iban a empezar a implementar desde el momento mismo del aumento aún no se vean ni se vayan a ver en corto tiempo.

Con base en lo anterior, las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos deben empezar a reflexionar sobre lo que motiva la falta de participación de la sociedad en los asuntos que deberían interesarle, si es que realmente les interesa lograr un cambio social por la vía civil y pacífica, el cual requiere de la amplia participación de la sociedad en su conjunto, porque si se cierra esa vía, así como se ha comenzado a cerrar o a evidenciar que el cambio por la vía electoral no será posible, y que por la vía jurídica tampoco se logrará echar atrás los cambios constitucionales que se han estado haciendo con los Reformas Estructurales, entonces nuevamente se estará orillando a buscar dichos cambios mediante la lucha armada, sobre todo ahora que la represión, la criminalización de la lucha social y la desaparición forzada de luchadores sociales vuelve a estar vigente, aún en los estados donde supuestamente hay gobiernos que se dicen progresistas o de “izquierda”.

Recordemos que tanto para Rubén Jaramillo, como para Arturo Gamiz y Pablo Gómez, o para Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, entre otros, la lucha armada fue la última opción que les quedó después de agotar todas las demás formas de lucha, sin poder entablar una interlocución y negociación con el gobierno que atendiera sus legítimas demandas.

Por ello, aunque la clase política y empresarial haya lanzado la moneda al aire confiando en su buena suerte, no será el azar, sino la necesidad lo que defina el futuro rumbo que tomarán las protestas en México, porque detrás de la aparente indiferencia de la sociedad mexicana, se puede estar gestando el hartazgo de las tradicionales y desgastadas formas de lucha que se reducen a la clásica marcha-mítin-plantón, con las cuales ya no se está obteniendo nada, y se podría estar generando una mayor simpatía por otras formas de lucha menos civiles y pacíficas, pero quizás más efectivas, como lo que está pasando ya en diversos estados del país, como Michoacán y Guerrero con las autodefensas o policías comunitarias.

Aun así, sin duda habrá quienes estén dispuestos a esperar hasta el 2015 para ver si es posible echar abajo la Reforma Energética mediante una Consulta Popular que cada vez se ve más difícil de realizar, pero que constituye el único asidero que le ha quedado a la llamada izquierda electoral o electorera, que no se quiere radicalizar, en parte también porque no le conviene. Para ella es más redituable vender la idea de que si votan por ella, cuando lleguen a la Presidencia podrán revertir todos los cambios lesivos para México que se han aplicado en los últimos tiempos, aunque una vez que sean elegidos se olviden de sus promesas de campaña.

Basta recordar que Miguel Ángel Mancera prometió que no subiría la tarifa del metro cuando era candidato a Jefe de Gobierno, y después de haber asumido dicho cargo hizo todo lo contrario. Tal vez por ello la sociedad ya no hace eco a las convocatorias realizadas por la supuesta “izquierda electorera”, sea ésta delPRD o del PRDbis, es decir, de MORENA, pero tampoco ha encontrado algún otro referente que sea confiable y creíble, lo cual también puede estar generando esa supuesta indiferencia que estamos viendo en estos momentos, y que en realidad se trata de una incredulidad tanto de las acciones que se proponen, como de las organizaciones que las convocan.

Si no es así, entonces dígame: ¿usted por qué no protesta?




miércoles, 20 de noviembre de 2013

Principio y fin de la educación socialista en México

“Principio y fin de la educación socialista en México”[1]

Raúl Pérez Ríos

“una cultura plenamente socialista sólo es posible en
una organización socialista, pero eso no significa que
no pueda germinar en el seno de la decrépita sociedad
capitalista. ¿Acaso la cultura burguesa no principió a
desarrollarse dentro de la sociedad monárquico-feudal?
¿Qué el Capital de Marx y el Imperialismo de Lenin,
no fueron escritos dentro del medio burgués?”

Eduardo Villaseñor

Probablemente muchos estudiantes y maestros de nuestro tiempo ignoren que en algún momento de la Historia de México existió la educación socialista, lo cual resulta bastante llamativo, si consideramos que nuestro país nunca fué ni se declaró como tal, a diferencia de otras naciones, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) o Cuba, por ejemplo.

El antecedente inmediato de la educación socialista en México fue la “escuela racionalista”, la cual implicaba una educación científica y antirreligosa que exaltaba el valor del trabajo manual. Dicha escuela fue implantada oficialmente en Yucatán por Felipe Carrillo Puerto, en el año de 1922, y en Tabasco por Garrido Canabal en 1925[2].

Posteriormente, en el año de 1930, la legislatura del estado de Tabasco envió al Congreso de la Unión un proyecto para establecer en todo el país la escuela racionalista[3]. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Fue tres años después (en diciembre de 1933), durante la Convención del Partido Nacional Revolucionario (PNR), realizada en Querétaro, que se adoptó la educación antirreligiosa o racionalista, además de que se empleó el término “socialista”, para definir a la misma y se declaró que la educación debía ser no únicamente socialista, sino estar “de acuerdo con los principios del socialismo científico”[4].

A pesar de lo anterior, en la versión final del Plan Sexenal que se formuló en dicha convención, la declaración sobre la educación quedó redactada de una forma más vaga, mencionando que la misma debía basarse en “la doctrina socialista sostenida por la Revolución mexicana”[5], lo cual daba paso a cualquier tipo de interpretaciones.
Al año siguiente, en el mes de octubre, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, aprobaron una reforma del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se decretaba que:

“La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social…”

Fue de esta manera como se implantó la educación “socialista” en México, sin embargo, como dice David Raby, “no estaba claro en lo absoluto lo que este socialismo mal definido debía significar en la práctica (…) muchos maestros tenían únicamente una idea muy vaga del significado del socialismo”[6], además de que muchos la interpretaban en términos puramente antirreligiosos.

La falta de maestros preparados para impartir la “educación socialista”, ya había sido señalada desde antes que se aprobara la reforma al Art. 3° Constitucional y se hacían señalamientos respecto a la realización de una selección más estricta de los maestros. Por ejemplo, en enero de 1934, tanto la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, como el estado de Sonora aprobaron resoluciones y leyes respectivamente que exigían, entre otras cosas, “una selección enérgica y efectiva del magisterio del país, para eliminar a los enemigos de la Revolución…”[7], así como la eliminación de aquellos elementos que a causa de su ideología no se consideren honradamente capaces de llevar a efecto este programa…”[8]

La misma Comisión especial de la Cámara de Diputados que propuso la reforma al Art. 3° Constitucional pidió dentro de las proposiciones para dicha reforma que urgentemente se hiciera “una selección estricta” de maestros “a fin de poner a los maestros competentes y revolucionarios en la posición que merecen”[9].

A pesar de los diversos esfuerzos que se hicieron para cristalizar la educación socialista en México, en la mayor parte del país este proyecto se convirtió en una posición vacía y demagógica y fue abandonada en la práctica después de 1941 y en la ley después de 1946.

Actualmente, otra reforma al Art. 3° Constitucional está en marcha y, aunque nada tiene que ver con la propuesta de “educación socialista” de los años treinta, es muy probable que tenga un destino similar, es decir, que el discurso de la “calidad educativa” que ahora se esgrime, se convierta en realidad en una propuesta vacía y demagógica que posteriormente será abandonado y sustituido por otro discurso en boga, a menos que tanto los maestros, como los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general nos involucremos en la definición del tipo de educación que queremos y lo hagamos una realidad.


Lunes 13 de mayo de 2013






[1] Artículo publicado en “Proyecto Vanguardia. Revista de análisis, denuncia e información”. No. 3. Agosto de 2013.p. 25-26.
[2] Raby, Op. Cit. p. 37-38.
[3] Bremauntz, Alberto. 1943. “La educación socialista en México (Antecedentes y fundamentos de la reforma de 1934)”. Imprenta Rivadeneyra. México. p. 151
[4] Bremauntz,Op. Cit. pp. 172-190.
[5] Plan Sexenal del PNR, 1934-1940. México. pp. 83-90.
[6] Raby, Op. Cit. p. 41 y 54
[7] El Maestro Rural, vol. 4, N° 2, 15 de enero de 1934, pp. 5-6
[8] Ibid., vol. 4, N° 2, 15 de junio de 1934, p. 25.
[9] Bremauntz,Op. Cit. p. 200

Un mundo a la medida de los empresarios

“Un mundo a la medida de los empresarios”

Raúl Pérez Ríos


“Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo,

que se privatice el agua y el aire, que se privatice la

justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que

se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con

los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de

tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de

una vez por todas su explotación a empresas privadas

mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la

salvación del mundo ... Y, metidos en esto, que se

privatice  también a la puta que los parió a todos”


José Saramago, “Cuadernos de Lanzarote”


   “Que se privatice todo” es uno de los principales objetivos de las actuales políticas neoliberales. Edward Luttwak menciona que “En la actualidad, casi toda la élite americana encabezada por jefes de corporaciones y economistas de moda, está totalmente convencida de que ha descubierto la fórmula ganadora para el éxito económico –la única fórmula- que sirve para todos los países, ricos o pobres, buena para todos los individuos que estén dispuestos a escuchar el mensaje, y por supuesto, buena para la élite americana: PRIVATIZACIÖN + DESREGULACIÓN 0 TURBO-CAPITALISMO = PROSPERIDAD”[1]

   En México, cuando todavía faltaban cinco meses para que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, se pusiera la banda presidencial, el sector privado ya estaba “listo para ir por todo: abrir PEMEX y el sector educativo, así como reformar la Ley Federal del Trabajo”,[2] entre otras cosas.

   En julio del 2000, distintos “dirigentes empresariales reconocieron que sin importar cuál hubiera sido el resultado de las elecciones, tenían ganada la partida”,[3] pues tanto Fox como el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida, garantizaban la continuidad del actual proyecto económico.

   “La garantía de continuidad en las políticas macroeconómicas del país”[4] fue uno de los tres deseos básicos de Wall Street, que se cumplió en esta elección mexicana del 2 de julio del 2000; los otros dos deseos fueron: “el triunfo de Vicente Fox y el proceso declarado imparcial y transparente, pues, como dice Bernard Aronson, director de Acon Investments y ex subsecretario asistente para América Latina, “un triunfo grande del PAN probablemente es más estable que una victoria cerrada del PRI”.[5]

   Susan Kaufman Purcell, vicepresidente del Consejo de las Américas, mencionó que para Wall Street, “el hecho de que Vicente Fox proviene del sector privado... que entiende la economía global y el papel del capital privado... y el margen de su triunfo, evitan un periodo inmediato de inseguridad”.[6]

   Además, “Fox es percibido como más pro mercado libre que el propio Labastida”,[7] según Joyce Chang, directora de inversiones de Chase, quien agregó que “Fox está más orientado al mercado libre y los mercados creen que él podría proceder con las privatizaciones de forma un poco más rápida que el PRI”.[8]

   Alejandro Martínez Gallardo, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que el PAN y el PRI se parecen bastante, “los dos tienen ideas económicas muy apegadas a la modernidad”.[9] Sin embargo, Bernard Aronson recordó que “históricamente, el PAN ha sido el partido que favorece el libre comercio, favorecía el libre comercio antes del PRI”,[10] y agregó que “el mercado podría ser afectado <<por la conformación del Congreso de la Unión mexicano, así como por la habilidad de Vicente Fox Quesada para gobernar su país>>”.[11]

   Muchos empresarios estaban convencidos de que la nueva composición del Congreso de la Unión permitiría que en los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox se avanzara más que nunca[12] en las reformas que ellos necesitan para adueñarse de todo el sector productivo del país y obtener más ganancias.

   “Si el PAN entra con todos sus votos, sólo harían falta unos 45 legisladores de otros partidos”,[13] para sacar adelante las reformas o iniciativas enviadas por el Ejecutivo y, aunque el PRD cubre la cuota, “el PRI (...) sería el aliado estratégico –porque el PRD está abiertamente en contra-”[14] de las iniciativas que favorezcan a los empresarios y perjudiquen a la mayoría de la sociedad.

   En las legislaturas pasadas, con la concertacesión, los diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaban juntos las diversas reformas e iniciativas que enviaba el Ejecutivo,[15] sin embargo, ahora con la nueva legislatura, los empresarios y el presidente no parecen estar tan seguros de que así suceda. “El PRI, -como dicen algunos panistas- está <<vendiendo caro>> su apoyo”,[16] y al parecer, no le están llegando al precio[17].

   Con un número menor de diputados quizás sea más fácil, tanto para el gobierno como para la iniciativa privada, “convencerlos” de que voten a favor de tal o cual reforma, y si se puede reelegir a los diputados “convencidos”, podría facilitarse aún más la labor de “convencimiento” que lleve a cabo el presidente o los empresarios en las futuras legislaturas. Sin embargo, también le podría permitir a la sociedad ubicar y distinguir a los diputados que votan a favor o en contra de ella, lo cual podría dificultar la reelección de aquellos diputados que actúan a favor de unos cuantos.

   Sabemos que una de las estrategias para limitar la compra de nuestros “dirigentes” o “representantes” consiste en tener un mayor número de ellos, a tal grado que fuera imposible corromperlos a todos,[18] pero el costo económico que paga la sociedad para mantener a 500 diputados y 128 senadores es muy alto, sobretodo teniendo en cuenta que muchos de ellos ven más por sus intereses personales o de grupo (partido), que por los intereses de la sociedad a la que dicen “representar”.

   En marzo del 2001, la empresa Roquet-Bimsa dio a conocer los resultados de una encuesta reveladora que muestra la percepción que tienen los ciudadanos del trabajo legislativo. Se entrevistó a 432 personas sobre el quehacer y la representatividad de los señores diputados y los resultados fueron los siguientes: el 75% de los entrevistados no conoce la función de un diputado; el 90% no conoce el nombre del diputado de su distrito; si sabe el nombre, desconoce el partido que representa; 90% no tiene idea de cómo comunicarse con su diputado, y menos del 7% ha intentado una comunicación con el legislador. De quienes lo intentaron, sólo una tercera parte recibió respuesta del señor representante. Así, 77% de los encuestados considera que su diputado no representa sus intereses, y 8 de cada 10 entrevistados piensan que cuando un diputado vota en la Cámara, lo hace de acuerdo a sus intereses personales y de su partido, no de los electores.[19]

   Para cambiar la escasa relación que existe entre los ciudadanos y sus legisladores, se requiere que los ciudadanos reconozcan sus intereses y necesidades y los enarbolen frente a las decisiones que toman los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Las leyes emanadas de la labor legislativa pueden configurar un mundo más habitable para las mayorías o diseñar un mundo a la medida de los empresarios. La cuestión está en reconocer nuestras necesidades y en buscar la manera de satisfacerlas. La legislativa es sólo una de las vías. También podemos buscar otras. Todo depende de nuestras necesidades...




10 de julio de 2003







[1] Luttwak, Edward. 1999. “Turbo-Capitalsm. Winners and Losers in the Global Economy”. Harper Collins Publishers. Nueva York. p. 25, citado por Lander, Edgardo. s/f. “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos”. Simposio Internacional “La reestructuración de las ciencias sociales en los países andinos. p. 6.
[2] Cardoso, Víctor, Antonio Castellanos, David Zúñiga y Mayela Delgadillo. 2000. “Slim descarta fuga de capitales por la victoria de Vicente Fox”. La Jornada. Economía. Martes 4 de julio. p. 22.
[3] Cardoso, et. al., op. cit.
[4] Cason, Jim y David Brooks. 2000. “Satisfacción en Wall Street al conocerse el resultado”. La Jornada. Política. Martes 4 de julio. p. 9.
[5] Cason y Brooks, op. cit.
[6] Cason y Brooks, op. cit.
[7] Cason y Brooks, op. cit.
[8] Cason y Brooks, op. cit.
[9] Cardoso, et. al., op. cit.
[10] Cason y Brooks, op. cit.
[11]Cason y Brooks, op. cit.
[12] Zúñiga, David. 2000. “Se abrirá el sector energético a la inversión privada”. La Jornada. Economía. Miércoles 5 de julio. p. 20.
[13] Aziz Nassif, Alberto. 2001. “Manos al IVA”. La Jornada. Política. Opinión. Martes 10 de abril. p. 15.
[14] Aziz, op. cit.
[15] En 1989, el PRI y el PAN votaron juntos la legislación electoral salinísta para eliminar las coaliciones y candidaturas de los partidos; en 1991, el PRI y el PAN votaron juntos la quema de los paquetes electorales de 1988 para eliminar la evidencia del fraude que arrebató el triunfo a Cuauhtemoc Cárdenas; en 1992, el PRI y el PAN votaron juntos un resolutivo para apoyar la elevación de cuotas en la UNAM propuesta por el rector Sarukhán; ese mismo año, el PRI y el PAN reformaron el artículo 27 constitucional para privatizar el Ejido; en 1993, el PRI y el PAN votaron juntos la reforma al Código Penal para permitir la libertad bajo fianza a los servidores públicos corruptos; en 1998, el PRI y el PAN recortaron el presupuesto del D.F. y el de las universidades públicas, y ese mismo año, el PRI y el PAN aprobaron el FOBAPROA.
[16] Garduño, Roberto y Cirio Pérez. 2001. “Critican diputados negociaciones de la reforma fiscal <<a puerta cerrada>>”. La Jornada. Política. Miércoles 19 de diciembre. p. 3.
[17] Durante el pasado periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Alberto Anaya, denunció que el gobierno de Vicente Fox “<<ofreció un millón de pesos>> a por lo menos 50 diputados del PRI”,[17] para convencerlos de que votaran a favor de su Reforma Fiscal, lo cual, según el petista, “sería muy barato para el gobierno, pues conseguiría hasta 13 mil millones de dólares adicionales de recaudación con 50 millones de pesos, pues en el peor de los escenarios, se necesitan 50 votos para aprobar la reforma” (Garduño y Pérez, op. cit.)
[18] Coordinación Ciudadana. 1997. “El cambio pacífico. La última oportunidad”. Folleto N° 1. México. D. F.
[19] Galaz, Lourdes. 2001. “Del dicho al hecho”. La Jornada. Miércoles 21 de marzo. p. 9.

El poder en México y en el mundo

“El poder en México y en el mundo[1]


Raúl Pérez Ríos




 “Cuando ‘yo’ utilizo una palabra”,
replicó Humpty Dumpty en tono
desdeñoso, “significa lo que yo
quiero que signifique, ni más ni
menos”. “La cuestión es”, prosiguió
Alicia, “si ‘puedes’ hacer que las
palabras signifiquen cosas diferentes”.
“La cuestión es”, dijo Humpty Dumpty
“saber quién manda; eso es todo”.

Lewis Carrol


   Si entendemos el poder como “la facultad o capacidad para hacer algo”[2], necesitamos conocer tres aspectos fundamentales: ¿quién tiene el poder? (o como dice Humpty Dumpty: “quién manda”); ¿qué hace con ese poder?, es decir, ¿para qué lo utiliza?, y sobre todo ¿a quién (es) beneficia con dicho poder?.

   Según el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. “La palabra francesa ‘soberanía’ significa “poder que pertenece al soberano”, por tanto, poder absoluto (...). En las interpretaciones de John Locke, en el siglo XVII y de Juan Jacobo Rousseau, en el XVIII, la soberanía fue asociada con la democracia por el contrato social según el cual es el pueblo el poseedor final de este poder absoluto. Este puede delegar los poderes plenos a un gobierno que lo ejercerá en su nombre, aunque él permanezca sin embargo siendo el soberano, ya que puede retirar esa delegación en todo momento”.[3].

   En México, “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los ‘Poderes de la Unión’,[4] que son: el Ejecutivo (cuyo ejercicio se deposita en el ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’),[5] el Legislativo (depositado en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores),[6] y el Judicial (cuyo ejercicio se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito).[7]

   Desde finales de la Segunda Guerra Mundial (que se llevó a cabo de 1939 a 1945), los gobiernos de los Estados nacionales están sujetos en cierta medida a las determinaciones de las organizaciones intergubernamentales que se han creado, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),[8] el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),[9] entre otras. En dichas organizaciones se ve reflejada la desigualdad y asimetría de los países que las conforman.

   En el caso de la ONU, observamos que a pesar de que el principal órgano deliberativo es la ‘Asamblea General’, en la que están representados todos los Estados Miembros (cada uno con un voto), el único órgano cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por los Estados Miembros es el ‘Consejo de Seguridad’, el cual está integrado por 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y corresponden a Estados Unidos de América (E.U.A.), Reino Unido, Francia, la Federación Rusa y China[10] (la mayoría de ellos grandes potencias a nivel mundial), mientras que los 10 miembros restantes son elegidos de entre los 184 países restantes por la Asamblea General para un período de 2 años.

   Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra la de indicar cuándo se halla amenazada la paz y adoptar las medidas coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas que deben aplicarse a los países que impiden la convivencia pacífica.

   En lo que se refiere al BM y al FMI, encontramos que ambas instituciones están integradas por 181 y 183 países respectivamente[11], cada uno de los cuales nombra a un gobernador y a un suplente, para que conformen las Juntas de Gobierno de dichas instituciones y asistan a las Reuniones Anuales que se celebran en los meses de septiembre y octubre de cada año.

   Debido a que las Juntas de Gobierno del BM y del FMI se reúnen sólo una vez al año, la mayor parte de sus facultades se delegan en un Directorio Ejecutivo formado por 24 directores ejecutivos que supervisan las operaciones de dichas instituciones. Los países miembros que más dinero aportan al BM y al FMI pueden nombrar cada uno a un director ejecutivo, y actualmente son 8 los países que tienen la capacidad de hacerlo: E.U.A., Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia Saudita, la Federación Rusa y China, es decir, las grandes potencias mundiales. Los 16 directores ejecutivos restantes “representan” a los demás países miembros.

   El Presidente del BM es tradicionalmente un ciudadano del mayor accionista (E.U.A.), y preside las reuniones de los directores ejecutivos, además de que se encarga de la administración general del banco, mientras que el jefe máximo del FMI es el Director Gerente, el cual, por tradición es europeo, o al menos no es estadounidense, y es nombrado por el Directorio Ejecutivo para presidir sus reuniones.

   Lo anterior nos muestra que detrás de la fachada de pluralidad que representa tanto la Asamblea General de la ONU, como las Juntas de Gobierno del BM y del FMI, se encuentra una estructura poco representativa (el Consejo de Seguridad de la ONU y los Directorios Ejecutivos del BM y del FMI) cuyas decisiones pueden llegar a ser determinadas en gran medida por las grandes potencias, sobre todo por E.U.A.
   Estos privilegios de los que gozan las superpotencias son producto de la desigualdad que impera en el mundo y es obvio que los perderían si existieran condiciones más equitativas, por lo que no podemos esperar que ellos fomenten este tipo de condiciones, aunque en sus discursos lo digan.

   Con el BM y el FMI, las grandes potencias (sobre todo E.U.A.), pueden intervenir en las políticas económicas de los países que no captan la cantidad suficiente de divisas[12] para pagar lo que compran a otros países y que, por lo tanto, tienen que utilizar los recursos financieros con los que cuentan dichas instituciones.

   Antes de que el BM o el FMI liberen el dinero, el país interesado y más específicamente: el gobierno en turno, debe garantizar el pago de dicho préstamo, indicando en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos ( lo cual se conoce comúnmente como “Cartas de intención”), de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un período de amortización de 3 a 5 años (pero que algunas veces alcanza los 10 años), para no limitar el acceso de crédito a otros.

   Las reformas o ajustes económicos que un determinado gobierno decida hacer para garantizar el pago del préstamo deben ser aprobadas y aceptadas por el BM o el FMI, para efectuar dicho préstamo, además de que ellos pueden hacer ‘sugerencias’ a través de los “Documentos de recomendaciones” que elaboran para los países miembros. Sin embargo, las sugerencias del BM y del FMI adoptadas por el gobierno, por ejemplo el mexicano, se enfrentan a la resistencia que pueden desarrollar las organizaciones sociales que estén en contra de dichas recomendaciones y puede llegar a reflejarse en el Congreso de la Unión, aunque no con la misma magnitud.

   Un ejemplo de ello puede verse en el Movimiento Estudiantil que encabezó el Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (CGH-UNAM), el cual impidió, al menos por el momento, que se aumentaran las cuotas en dicha Universidad, lo cual había sido sugerido por el BM y el FMI, al igual que la propuesta de Reforma Fiscal que presentó el Presidente Vicente Fox Quesada, y que actualmente aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión debido al rechazo generalizado al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas, por parte de la sociedad. Dichos ejemplos nos permiten establecer que en la medida en que la sociedad ejerza nuevamente su soberanía sobre los Poderes de la Unión, podrá resistir los embates que las superpotencias, a través de las organizaciones intergubernamentales, asestan contra los países vulnerables.



14 de noviembre de 2001





[1] Artículo publicado en la Revista “Diálogo. En defensa del derecho a la verdad”. No. 5, Agosto-Septiembre de 2002. p. 6-8.
[2] García-Pelayo, Ramón. 1985. “Diccionario usual. Diccionario enciclopédico”. Ediciones Larousse. México, D. F. p. 610.
[3] Valaskakis, Kimon, 2001. “Westfalia II: por un nuevo orden mundial”. Este País. Tendencias y opiniones. Revista mensual. Núm. 126. Septiembre. p. 2-13.
[4] Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[5] Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[6] Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[7] Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[8] La ONU se constituyó en octubre de 1946, sustituyendo así a la Sociedad o Liga de Naciones formada después de la Primera Guerra Mundial que se llevó a cabo de 1914 a 1918. Actualmente está conformada por 189 países. (http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm).
[9] El BM y el FMI son las dos instituciones de cooperación monetaria y financiera creadas en julio de 1944 a raíz de la reunión de los delegados de 44 naciones celebrada en Bretón Woods, estado de New Hampshire, Estados Unidos de América. (http://www.bancomundial.org/banco.html, y http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm).
[12] “Las divisas que recibe un país provienen de sus exportaciones, de la prestación de servicios (bancarios y de seguros, por ejemplo) y de lo que gastan en él los turistas. También provienen de la inversión extranjera y, en el caso de los países pobres, de la ayuda de países en mejor situación económica” (Driscoll, David D. 1998. “¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?”. Departamento de Relaciones Externas. Fondo Monerario Internacional. Washington).