“El poder en México y en el mundo”[1]
Raúl Pérez Ríos
“Cuando ‘yo’ utilizo una palabra”,
replicó Humpty Dumpty en tono
desdeñoso, “significa lo que yo
quiero que signifique, ni más ni
menos”. “La cuestión es”,
prosiguió
Alicia, “si ‘puedes’ hacer que
las
palabras signifiquen cosas
diferentes”.
“La cuestión es”, dijo Humpty
Dumpty
“saber quién manda; eso es todo”.
Lewis Carrol
Si
entendemos el poder como “la facultad o capacidad para hacer algo”[2],
necesitamos conocer tres aspectos fundamentales: ¿quién tiene el poder? (o como
dice Humpty Dumpty: “quién manda”); ¿qué hace con ese poder?, es decir, ¿para
qué lo utiliza?, y sobre todo ¿a quién (es) beneficia con dicho poder?.
Según el
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. “La palabra
francesa ‘soberanía’ significa “poder que pertenece al soberano”, por tanto,
poder absoluto (...). En las interpretaciones de John Locke, en el siglo XVII y
de Juan Jacobo Rousseau, en el XVIII, la soberanía fue asociada con la
democracia por el contrato social según el cual es el pueblo el poseedor final
de este poder absoluto. Este puede delegar los poderes plenos a un gobierno que
lo ejercerá en su nombre, aunque él permanezca sin embargo siendo el soberano,
ya que puede retirar esa delegación en todo momento”.[3].
En
México, “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los ‘Poderes de la
Unión’,[4] que son: el Ejecutivo
(cuyo ejercicio se deposita en el ‘Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos’),[5] el Legislativo
(depositado en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de
Diputados y otra de Senadores),[6]
y el Judicial (cuyo ejercicio se deposita en una Suprema Corte de
Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito).[7]
Desde
finales de la Segunda Guerra Mundial (que se llevó a cabo de 1939 a 1945), los
gobiernos de los Estados nacionales están sujetos en cierta medida a las
determinaciones de las organizaciones intergubernamentales que se han creado,
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),[8]
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),[9]
entre otras. En dichas organizaciones se ve reflejada la desigualdad y
asimetría de los países que las conforman.
En el
caso de la ONU, observamos que a pesar de que el principal órgano deliberativo
es la ‘Asamblea General’, en la que están representados todos los
Estados Miembros (cada uno con un voto), el único órgano cuyas decisiones son
de obligado cumplimiento por los Estados Miembros es el ‘Consejo de
Seguridad’, el cual está integrado por 15 miembros, 5 de los cuales son
permanentes y corresponden a Estados Unidos de América (E.U.A.), Reino Unido,
Francia, la Federación Rusa y China[10]
(la mayoría de ellos grandes potencias a nivel mundial), mientras que los 10
miembros restantes son elegidos de entre los 184 países restantes por la
Asamblea General para un período de 2 años.
Dentro de
las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra la de
indicar cuándo se halla amenazada la paz y adoptar las medidas coercitivas,
sanciones económicas o acciones militares colectivas que deben aplicarse a los
países que impiden la convivencia pacífica.
En lo que
se refiere al BM y al FMI, encontramos que ambas instituciones están integradas
por 181 y 183 países respectivamente[11],
cada uno de los cuales nombra a un gobernador y a un suplente, para que
conformen las Juntas de Gobierno de dichas instituciones y asistan a las
Reuniones Anuales que se celebran en los meses de septiembre y octubre de cada
año.
Debido a
que las Juntas de Gobierno del BM y del FMI se reúnen sólo una vez al año, la
mayor parte de sus facultades se delegan en un Directorio Ejecutivo formado por
24 directores ejecutivos que supervisan las operaciones de dichas
instituciones. Los países miembros que más dinero aportan al BM y al FMI pueden
nombrar cada uno a un director ejecutivo, y actualmente son 8 los países que
tienen la capacidad de hacerlo: E.U.A., Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia
Saudita, la Federación Rusa y China, es decir, las grandes potencias mundiales.
Los 16 directores ejecutivos restantes “representan” a los demás países
miembros.
El Presidente
del BM es tradicionalmente un ciudadano del mayor accionista (E.U.A.), y
preside las reuniones de los directores ejecutivos, además de que se encarga de
la administración general del banco, mientras que el jefe máximo del FMI es el
Director Gerente, el cual, por tradición es europeo, o al menos no es
estadounidense, y es nombrado por el Directorio Ejecutivo para presidir sus
reuniones.
Lo
anterior nos muestra que detrás de la fachada de pluralidad que representa
tanto la Asamblea General de la ONU, como las Juntas de Gobierno del BM y del
FMI, se encuentra una estructura poco representativa (el Consejo de Seguridad
de la ONU y los Directorios Ejecutivos del BM y del FMI) cuyas decisiones
pueden llegar a ser determinadas en gran medida por las grandes potencias,
sobre todo por E.U.A.
Estos
privilegios de los que gozan las superpotencias son producto de la desigualdad
que impera en el mundo y es obvio que los perderían si existieran condiciones
más equitativas, por lo que no podemos esperar que ellos fomenten este tipo de
condiciones, aunque en sus discursos lo digan.
Con el BM
y el FMI, las grandes potencias (sobre todo E.U.A.), pueden intervenir en las
políticas económicas de los países que no captan la cantidad suficiente de
divisas[12]
para pagar lo que compran a otros países y que, por lo tanto, tienen que
utilizar los recursos financieros con los que cuentan dichas instituciones.
Antes de
que el BM o el FMI liberen el dinero, el país interesado y más específicamente:
el gobierno en turno, debe garantizar el pago de dicho préstamo, indicando en
qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos ( lo cual se
conoce comúnmente como “Cartas de intención”), de manera que le sea posible
reembolsar el dinero en un período de amortización de 3 a 5 años (pero que
algunas veces alcanza los 10 años), para no limitar el acceso de crédito a
otros.
Las
reformas o ajustes económicos que un determinado gobierno decida hacer para
garantizar el pago del préstamo deben ser aprobadas y aceptadas por el BM o el
FMI, para efectuar dicho préstamo, además de que ellos pueden hacer
‘sugerencias’ a través de los “Documentos de recomendaciones” que elaboran para
los países miembros. Sin embargo, las sugerencias del BM y del FMI adoptadas
por el gobierno, por ejemplo el mexicano, se enfrentan a la resistencia que
pueden desarrollar las organizaciones sociales que estén en contra de dichas
recomendaciones y puede llegar a reflejarse en el Congreso de la Unión, aunque
no con la misma magnitud.
Un
ejemplo de ello puede verse en el Movimiento Estudiantil que encabezó el
Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México
(CGH-UNAM), el cual impidió, al menos por el momento, que se aumentaran las
cuotas en dicha Universidad, lo cual había sido sugerido por el BM y el FMI, al
igual que la propuesta de Reforma Fiscal que presentó el Presidente Vicente Fox
Quesada, y que actualmente aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión
debido al rechazo generalizado al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
en alimentos y medicinas, por parte de la sociedad. Dichos ejemplos nos
permiten establecer que en la medida en que la sociedad ejerza nuevamente su
soberanía sobre los Poderes de la Unión, podrá resistir los embates que las
superpotencias, a través de las organizaciones intergubernamentales, asestan
contra los países vulnerables.
14 de noviembre de 2001
[1] Artículo
publicado en la Revista “Diálogo. En defensa del derecho a la verdad”. No. 5,
Agosto-Septiembre de 2002. p. 6-8.
[2] García-Pelayo, Ramón. 1985. “Diccionario usual. Diccionario
enciclopédico”. Ediciones Larousse. México, D. F. p. 610.
[3] Valaskakis, Kimon, 2001. “Westfalia II: por un nuevo orden mundial”. Este
País. Tendencias y opiniones. Revista mensual. Núm. 126. Septiembre. p. 2-13.
[4] Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[5] Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[6] Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[7] Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[8] La ONU se constituyó en octubre de 1946, sustituyendo así a la Sociedad o
Liga de Naciones formada después de la Primera Guerra Mundial que se llevó a
cabo de 1914 a 1918. Actualmente está conformada por 189 países.
(http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm).
[9] El BM y el FMI son las dos instituciones de cooperación monetaria y
financiera creadas en julio de 1944 a raíz de la reunión de los delegados de 44
naciones celebrada en Bretón Woods, estado de New Hampshire, Estados Unidos de
América. (http://www.bancomundial.org/banco.html,
y
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm).
[12] “Las divisas que recibe un país provienen
de sus exportaciones, de la prestación de servicios (bancarios y de seguros,
por ejemplo) y de lo que gastan en él los turistas. También provienen de la
inversión extranjera y, en el caso de los países pobres, de la ayuda de países
en mejor situación económica” (Driscoll, David D. 1998. “¿Qué es el Fondo
Monetario Internacional?”. Departamento de Relaciones Externas. Fondo Monerario
Internacional. Washington).
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