miércoles, 20 de noviembre de 2013

Principio y fin de la educación socialista en México

“Principio y fin de la educación socialista en México”[1]

Raúl Pérez Ríos

“una cultura plenamente socialista sólo es posible en
una organización socialista, pero eso no significa que
no pueda germinar en el seno de la decrépita sociedad
capitalista. ¿Acaso la cultura burguesa no principió a
desarrollarse dentro de la sociedad monárquico-feudal?
¿Qué el Capital de Marx y el Imperialismo de Lenin,
no fueron escritos dentro del medio burgués?”

Eduardo Villaseñor

Probablemente muchos estudiantes y maestros de nuestro tiempo ignoren que en algún momento de la Historia de México existió la educación socialista, lo cual resulta bastante llamativo, si consideramos que nuestro país nunca fué ni se declaró como tal, a diferencia de otras naciones, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) o Cuba, por ejemplo.

El antecedente inmediato de la educación socialista en México fue la “escuela racionalista”, la cual implicaba una educación científica y antirreligosa que exaltaba el valor del trabajo manual. Dicha escuela fue implantada oficialmente en Yucatán por Felipe Carrillo Puerto, en el año de 1922, y en Tabasco por Garrido Canabal en 1925[2].

Posteriormente, en el año de 1930, la legislatura del estado de Tabasco envió al Congreso de la Unión un proyecto para establecer en todo el país la escuela racionalista[3]. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Fue tres años después (en diciembre de 1933), durante la Convención del Partido Nacional Revolucionario (PNR), realizada en Querétaro, que se adoptó la educación antirreligiosa o racionalista, además de que se empleó el término “socialista”, para definir a la misma y se declaró que la educación debía ser no únicamente socialista, sino estar “de acuerdo con los principios del socialismo científico”[4].

A pesar de lo anterior, en la versión final del Plan Sexenal que se formuló en dicha convención, la declaración sobre la educación quedó redactada de una forma más vaga, mencionando que la misma debía basarse en “la doctrina socialista sostenida por la Revolución mexicana”[5], lo cual daba paso a cualquier tipo de interpretaciones.
Al año siguiente, en el mes de octubre, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, aprobaron una reforma del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se decretaba que:

“La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social…”

Fue de esta manera como se implantó la educación “socialista” en México, sin embargo, como dice David Raby, “no estaba claro en lo absoluto lo que este socialismo mal definido debía significar en la práctica (…) muchos maestros tenían únicamente una idea muy vaga del significado del socialismo”[6], además de que muchos la interpretaban en términos puramente antirreligiosos.

La falta de maestros preparados para impartir la “educación socialista”, ya había sido señalada desde antes que se aprobara la reforma al Art. 3° Constitucional y se hacían señalamientos respecto a la realización de una selección más estricta de los maestros. Por ejemplo, en enero de 1934, tanto la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, como el estado de Sonora aprobaron resoluciones y leyes respectivamente que exigían, entre otras cosas, “una selección enérgica y efectiva del magisterio del país, para eliminar a los enemigos de la Revolución…”[7], así como la eliminación de aquellos elementos que a causa de su ideología no se consideren honradamente capaces de llevar a efecto este programa…”[8]

La misma Comisión especial de la Cámara de Diputados que propuso la reforma al Art. 3° Constitucional pidió dentro de las proposiciones para dicha reforma que urgentemente se hiciera “una selección estricta” de maestros “a fin de poner a los maestros competentes y revolucionarios en la posición que merecen”[9].

A pesar de los diversos esfuerzos que se hicieron para cristalizar la educación socialista en México, en la mayor parte del país este proyecto se convirtió en una posición vacía y demagógica y fue abandonada en la práctica después de 1941 y en la ley después de 1946.

Actualmente, otra reforma al Art. 3° Constitucional está en marcha y, aunque nada tiene que ver con la propuesta de “educación socialista” de los años treinta, es muy probable que tenga un destino similar, es decir, que el discurso de la “calidad educativa” que ahora se esgrime, se convierta en realidad en una propuesta vacía y demagógica que posteriormente será abandonado y sustituido por otro discurso en boga, a menos que tanto los maestros, como los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general nos involucremos en la definición del tipo de educación que queremos y lo hagamos una realidad.


Lunes 13 de mayo de 2013






[1] Artículo publicado en “Proyecto Vanguardia. Revista de análisis, denuncia e información”. No. 3. Agosto de 2013.p. 25-26.
[2] Raby, Op. Cit. p. 37-38.
[3] Bremauntz, Alberto. 1943. “La educación socialista en México (Antecedentes y fundamentos de la reforma de 1934)”. Imprenta Rivadeneyra. México. p. 151
[4] Bremauntz,Op. Cit. pp. 172-190.
[5] Plan Sexenal del PNR, 1934-1940. México. pp. 83-90.
[6] Raby, Op. Cit. p. 41 y 54
[7] El Maestro Rural, vol. 4, N° 2, 15 de enero de 1934, pp. 5-6
[8] Ibid., vol. 4, N° 2, 15 de junio de 1934, p. 25.
[9] Bremauntz,Op. Cit. p. 200

Un mundo a la medida de los empresarios

“Un mundo a la medida de los empresarios”

Raúl Pérez Ríos


“Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo,

que se privatice el agua y el aire, que se privatice la

justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que

se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con

los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de

tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de

una vez por todas su explotación a empresas privadas

mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la

salvación del mundo ... Y, metidos en esto, que se

privatice  también a la puta que los parió a todos”


José Saramago, “Cuadernos de Lanzarote”


   “Que se privatice todo” es uno de los principales objetivos de las actuales políticas neoliberales. Edward Luttwak menciona que “En la actualidad, casi toda la élite americana encabezada por jefes de corporaciones y economistas de moda, está totalmente convencida de que ha descubierto la fórmula ganadora para el éxito económico –la única fórmula- que sirve para todos los países, ricos o pobres, buena para todos los individuos que estén dispuestos a escuchar el mensaje, y por supuesto, buena para la élite americana: PRIVATIZACIÖN + DESREGULACIÓN 0 TURBO-CAPITALISMO = PROSPERIDAD”[1]

   En México, cuando todavía faltaban cinco meses para que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, se pusiera la banda presidencial, el sector privado ya estaba “listo para ir por todo: abrir PEMEX y el sector educativo, así como reformar la Ley Federal del Trabajo”,[2] entre otras cosas.

   En julio del 2000, distintos “dirigentes empresariales reconocieron que sin importar cuál hubiera sido el resultado de las elecciones, tenían ganada la partida”,[3] pues tanto Fox como el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida, garantizaban la continuidad del actual proyecto económico.

   “La garantía de continuidad en las políticas macroeconómicas del país”[4] fue uno de los tres deseos básicos de Wall Street, que se cumplió en esta elección mexicana del 2 de julio del 2000; los otros dos deseos fueron: “el triunfo de Vicente Fox y el proceso declarado imparcial y transparente, pues, como dice Bernard Aronson, director de Acon Investments y ex subsecretario asistente para América Latina, “un triunfo grande del PAN probablemente es más estable que una victoria cerrada del PRI”.[5]

   Susan Kaufman Purcell, vicepresidente del Consejo de las Américas, mencionó que para Wall Street, “el hecho de que Vicente Fox proviene del sector privado... que entiende la economía global y el papel del capital privado... y el margen de su triunfo, evitan un periodo inmediato de inseguridad”.[6]

   Además, “Fox es percibido como más pro mercado libre que el propio Labastida”,[7] según Joyce Chang, directora de inversiones de Chase, quien agregó que “Fox está más orientado al mercado libre y los mercados creen que él podría proceder con las privatizaciones de forma un poco más rápida que el PRI”.[8]

   Alejandro Martínez Gallardo, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que el PAN y el PRI se parecen bastante, “los dos tienen ideas económicas muy apegadas a la modernidad”.[9] Sin embargo, Bernard Aronson recordó que “históricamente, el PAN ha sido el partido que favorece el libre comercio, favorecía el libre comercio antes del PRI”,[10] y agregó que “el mercado podría ser afectado <<por la conformación del Congreso de la Unión mexicano, así como por la habilidad de Vicente Fox Quesada para gobernar su país>>”.[11]

   Muchos empresarios estaban convencidos de que la nueva composición del Congreso de la Unión permitiría que en los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox se avanzara más que nunca[12] en las reformas que ellos necesitan para adueñarse de todo el sector productivo del país y obtener más ganancias.

   “Si el PAN entra con todos sus votos, sólo harían falta unos 45 legisladores de otros partidos”,[13] para sacar adelante las reformas o iniciativas enviadas por el Ejecutivo y, aunque el PRD cubre la cuota, “el PRI (...) sería el aliado estratégico –porque el PRD está abiertamente en contra-”[14] de las iniciativas que favorezcan a los empresarios y perjudiquen a la mayoría de la sociedad.

   En las legislaturas pasadas, con la concertacesión, los diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaban juntos las diversas reformas e iniciativas que enviaba el Ejecutivo,[15] sin embargo, ahora con la nueva legislatura, los empresarios y el presidente no parecen estar tan seguros de que así suceda. “El PRI, -como dicen algunos panistas- está <<vendiendo caro>> su apoyo”,[16] y al parecer, no le están llegando al precio[17].

   Con un número menor de diputados quizás sea más fácil, tanto para el gobierno como para la iniciativa privada, “convencerlos” de que voten a favor de tal o cual reforma, y si se puede reelegir a los diputados “convencidos”, podría facilitarse aún más la labor de “convencimiento” que lleve a cabo el presidente o los empresarios en las futuras legislaturas. Sin embargo, también le podría permitir a la sociedad ubicar y distinguir a los diputados que votan a favor o en contra de ella, lo cual podría dificultar la reelección de aquellos diputados que actúan a favor de unos cuantos.

   Sabemos que una de las estrategias para limitar la compra de nuestros “dirigentes” o “representantes” consiste en tener un mayor número de ellos, a tal grado que fuera imposible corromperlos a todos,[18] pero el costo económico que paga la sociedad para mantener a 500 diputados y 128 senadores es muy alto, sobretodo teniendo en cuenta que muchos de ellos ven más por sus intereses personales o de grupo (partido), que por los intereses de la sociedad a la que dicen “representar”.

   En marzo del 2001, la empresa Roquet-Bimsa dio a conocer los resultados de una encuesta reveladora que muestra la percepción que tienen los ciudadanos del trabajo legislativo. Se entrevistó a 432 personas sobre el quehacer y la representatividad de los señores diputados y los resultados fueron los siguientes: el 75% de los entrevistados no conoce la función de un diputado; el 90% no conoce el nombre del diputado de su distrito; si sabe el nombre, desconoce el partido que representa; 90% no tiene idea de cómo comunicarse con su diputado, y menos del 7% ha intentado una comunicación con el legislador. De quienes lo intentaron, sólo una tercera parte recibió respuesta del señor representante. Así, 77% de los encuestados considera que su diputado no representa sus intereses, y 8 de cada 10 entrevistados piensan que cuando un diputado vota en la Cámara, lo hace de acuerdo a sus intereses personales y de su partido, no de los electores.[19]

   Para cambiar la escasa relación que existe entre los ciudadanos y sus legisladores, se requiere que los ciudadanos reconozcan sus intereses y necesidades y los enarbolen frente a las decisiones que toman los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Las leyes emanadas de la labor legislativa pueden configurar un mundo más habitable para las mayorías o diseñar un mundo a la medida de los empresarios. La cuestión está en reconocer nuestras necesidades y en buscar la manera de satisfacerlas. La legislativa es sólo una de las vías. También podemos buscar otras. Todo depende de nuestras necesidades...




10 de julio de 2003







[1] Luttwak, Edward. 1999. “Turbo-Capitalsm. Winners and Losers in the Global Economy”. Harper Collins Publishers. Nueva York. p. 25, citado por Lander, Edgardo. s/f. “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos”. Simposio Internacional “La reestructuración de las ciencias sociales en los países andinos. p. 6.
[2] Cardoso, Víctor, Antonio Castellanos, David Zúñiga y Mayela Delgadillo. 2000. “Slim descarta fuga de capitales por la victoria de Vicente Fox”. La Jornada. Economía. Martes 4 de julio. p. 22.
[3] Cardoso, et. al., op. cit.
[4] Cason, Jim y David Brooks. 2000. “Satisfacción en Wall Street al conocerse el resultado”. La Jornada. Política. Martes 4 de julio. p. 9.
[5] Cason y Brooks, op. cit.
[6] Cason y Brooks, op. cit.
[7] Cason y Brooks, op. cit.
[8] Cason y Brooks, op. cit.
[9] Cardoso, et. al., op. cit.
[10] Cason y Brooks, op. cit.
[11]Cason y Brooks, op. cit.
[12] Zúñiga, David. 2000. “Se abrirá el sector energético a la inversión privada”. La Jornada. Economía. Miércoles 5 de julio. p. 20.
[13] Aziz Nassif, Alberto. 2001. “Manos al IVA”. La Jornada. Política. Opinión. Martes 10 de abril. p. 15.
[14] Aziz, op. cit.
[15] En 1989, el PRI y el PAN votaron juntos la legislación electoral salinísta para eliminar las coaliciones y candidaturas de los partidos; en 1991, el PRI y el PAN votaron juntos la quema de los paquetes electorales de 1988 para eliminar la evidencia del fraude que arrebató el triunfo a Cuauhtemoc Cárdenas; en 1992, el PRI y el PAN votaron juntos un resolutivo para apoyar la elevación de cuotas en la UNAM propuesta por el rector Sarukhán; ese mismo año, el PRI y el PAN reformaron el artículo 27 constitucional para privatizar el Ejido; en 1993, el PRI y el PAN votaron juntos la reforma al Código Penal para permitir la libertad bajo fianza a los servidores públicos corruptos; en 1998, el PRI y el PAN recortaron el presupuesto del D.F. y el de las universidades públicas, y ese mismo año, el PRI y el PAN aprobaron el FOBAPROA.
[16] Garduño, Roberto y Cirio Pérez. 2001. “Critican diputados negociaciones de la reforma fiscal <<a puerta cerrada>>”. La Jornada. Política. Miércoles 19 de diciembre. p. 3.
[17] Durante el pasado periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Alberto Anaya, denunció que el gobierno de Vicente Fox “<<ofreció un millón de pesos>> a por lo menos 50 diputados del PRI”,[17] para convencerlos de que votaran a favor de su Reforma Fiscal, lo cual, según el petista, “sería muy barato para el gobierno, pues conseguiría hasta 13 mil millones de dólares adicionales de recaudación con 50 millones de pesos, pues en el peor de los escenarios, se necesitan 50 votos para aprobar la reforma” (Garduño y Pérez, op. cit.)
[18] Coordinación Ciudadana. 1997. “El cambio pacífico. La última oportunidad”. Folleto N° 1. México. D. F.
[19] Galaz, Lourdes. 2001. “Del dicho al hecho”. La Jornada. Miércoles 21 de marzo. p. 9.

El poder en México y en el mundo

“El poder en México y en el mundo[1]


Raúl Pérez Ríos




 “Cuando ‘yo’ utilizo una palabra”,
replicó Humpty Dumpty en tono
desdeñoso, “significa lo que yo
quiero que signifique, ni más ni
menos”. “La cuestión es”, prosiguió
Alicia, “si ‘puedes’ hacer que las
palabras signifiquen cosas diferentes”.
“La cuestión es”, dijo Humpty Dumpty
“saber quién manda; eso es todo”.

Lewis Carrol


   Si entendemos el poder como “la facultad o capacidad para hacer algo”[2], necesitamos conocer tres aspectos fundamentales: ¿quién tiene el poder? (o como dice Humpty Dumpty: “quién manda”); ¿qué hace con ese poder?, es decir, ¿para qué lo utiliza?, y sobre todo ¿a quién (es) beneficia con dicho poder?.

   Según el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. “La palabra francesa ‘soberanía’ significa “poder que pertenece al soberano”, por tanto, poder absoluto (...). En las interpretaciones de John Locke, en el siglo XVII y de Juan Jacobo Rousseau, en el XVIII, la soberanía fue asociada con la democracia por el contrato social según el cual es el pueblo el poseedor final de este poder absoluto. Este puede delegar los poderes plenos a un gobierno que lo ejercerá en su nombre, aunque él permanezca sin embargo siendo el soberano, ya que puede retirar esa delegación en todo momento”.[3].

   En México, “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los ‘Poderes de la Unión’,[4] que son: el Ejecutivo (cuyo ejercicio se deposita en el ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’),[5] el Legislativo (depositado en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores),[6] y el Judicial (cuyo ejercicio se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito).[7]

   Desde finales de la Segunda Guerra Mundial (que se llevó a cabo de 1939 a 1945), los gobiernos de los Estados nacionales están sujetos en cierta medida a las determinaciones de las organizaciones intergubernamentales que se han creado, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),[8] el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),[9] entre otras. En dichas organizaciones se ve reflejada la desigualdad y asimetría de los países que las conforman.

   En el caso de la ONU, observamos que a pesar de que el principal órgano deliberativo es la ‘Asamblea General’, en la que están representados todos los Estados Miembros (cada uno con un voto), el único órgano cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por los Estados Miembros es el ‘Consejo de Seguridad’, el cual está integrado por 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y corresponden a Estados Unidos de América (E.U.A.), Reino Unido, Francia, la Federación Rusa y China[10] (la mayoría de ellos grandes potencias a nivel mundial), mientras que los 10 miembros restantes son elegidos de entre los 184 países restantes por la Asamblea General para un período de 2 años.

   Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra la de indicar cuándo se halla amenazada la paz y adoptar las medidas coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas que deben aplicarse a los países que impiden la convivencia pacífica.

   En lo que se refiere al BM y al FMI, encontramos que ambas instituciones están integradas por 181 y 183 países respectivamente[11], cada uno de los cuales nombra a un gobernador y a un suplente, para que conformen las Juntas de Gobierno de dichas instituciones y asistan a las Reuniones Anuales que se celebran en los meses de septiembre y octubre de cada año.

   Debido a que las Juntas de Gobierno del BM y del FMI se reúnen sólo una vez al año, la mayor parte de sus facultades se delegan en un Directorio Ejecutivo formado por 24 directores ejecutivos que supervisan las operaciones de dichas instituciones. Los países miembros que más dinero aportan al BM y al FMI pueden nombrar cada uno a un director ejecutivo, y actualmente son 8 los países que tienen la capacidad de hacerlo: E.U.A., Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia Saudita, la Federación Rusa y China, es decir, las grandes potencias mundiales. Los 16 directores ejecutivos restantes “representan” a los demás países miembros.

   El Presidente del BM es tradicionalmente un ciudadano del mayor accionista (E.U.A.), y preside las reuniones de los directores ejecutivos, además de que se encarga de la administración general del banco, mientras que el jefe máximo del FMI es el Director Gerente, el cual, por tradición es europeo, o al menos no es estadounidense, y es nombrado por el Directorio Ejecutivo para presidir sus reuniones.

   Lo anterior nos muestra que detrás de la fachada de pluralidad que representa tanto la Asamblea General de la ONU, como las Juntas de Gobierno del BM y del FMI, se encuentra una estructura poco representativa (el Consejo de Seguridad de la ONU y los Directorios Ejecutivos del BM y del FMI) cuyas decisiones pueden llegar a ser determinadas en gran medida por las grandes potencias, sobre todo por E.U.A.
   Estos privilegios de los que gozan las superpotencias son producto de la desigualdad que impera en el mundo y es obvio que los perderían si existieran condiciones más equitativas, por lo que no podemos esperar que ellos fomenten este tipo de condiciones, aunque en sus discursos lo digan.

   Con el BM y el FMI, las grandes potencias (sobre todo E.U.A.), pueden intervenir en las políticas económicas de los países que no captan la cantidad suficiente de divisas[12] para pagar lo que compran a otros países y que, por lo tanto, tienen que utilizar los recursos financieros con los que cuentan dichas instituciones.

   Antes de que el BM o el FMI liberen el dinero, el país interesado y más específicamente: el gobierno en turno, debe garantizar el pago de dicho préstamo, indicando en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos ( lo cual se conoce comúnmente como “Cartas de intención”), de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un período de amortización de 3 a 5 años (pero que algunas veces alcanza los 10 años), para no limitar el acceso de crédito a otros.

   Las reformas o ajustes económicos que un determinado gobierno decida hacer para garantizar el pago del préstamo deben ser aprobadas y aceptadas por el BM o el FMI, para efectuar dicho préstamo, además de que ellos pueden hacer ‘sugerencias’ a través de los “Documentos de recomendaciones” que elaboran para los países miembros. Sin embargo, las sugerencias del BM y del FMI adoptadas por el gobierno, por ejemplo el mexicano, se enfrentan a la resistencia que pueden desarrollar las organizaciones sociales que estén en contra de dichas recomendaciones y puede llegar a reflejarse en el Congreso de la Unión, aunque no con la misma magnitud.

   Un ejemplo de ello puede verse en el Movimiento Estudiantil que encabezó el Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (CGH-UNAM), el cual impidió, al menos por el momento, que se aumentaran las cuotas en dicha Universidad, lo cual había sido sugerido por el BM y el FMI, al igual que la propuesta de Reforma Fiscal que presentó el Presidente Vicente Fox Quesada, y que actualmente aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión debido al rechazo generalizado al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas, por parte de la sociedad. Dichos ejemplos nos permiten establecer que en la medida en que la sociedad ejerza nuevamente su soberanía sobre los Poderes de la Unión, podrá resistir los embates que las superpotencias, a través de las organizaciones intergubernamentales, asestan contra los países vulnerables.



14 de noviembre de 2001





[1] Artículo publicado en la Revista “Diálogo. En defensa del derecho a la verdad”. No. 5, Agosto-Septiembre de 2002. p. 6-8.
[2] García-Pelayo, Ramón. 1985. “Diccionario usual. Diccionario enciclopédico”. Ediciones Larousse. México, D. F. p. 610.
[3] Valaskakis, Kimon, 2001. “Westfalia II: por un nuevo orden mundial”. Este País. Tendencias y opiniones. Revista mensual. Núm. 126. Septiembre. p. 2-13.
[4] Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[5] Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[6] Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[7] Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[8] La ONU se constituyó en octubre de 1946, sustituyendo así a la Sociedad o Liga de Naciones formada después de la Primera Guerra Mundial que se llevó a cabo de 1914 a 1918. Actualmente está conformada por 189 países. (http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm).
[9] El BM y el FMI son las dos instituciones de cooperación monetaria y financiera creadas en julio de 1944 a raíz de la reunión de los delegados de 44 naciones celebrada en Bretón Woods, estado de New Hampshire, Estados Unidos de América. (http://www.bancomundial.org/banco.html, y http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm).
[12] “Las divisas que recibe un país provienen de sus exportaciones, de la prestación de servicios (bancarios y de seguros, por ejemplo) y de lo que gastan en él los turistas. También provienen de la inversión extranjera y, en el caso de los países pobres, de la ayuda de países en mejor situación económica” (Driscoll, David D. 1998. “¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?”. Departamento de Relaciones Externas. Fondo Monerario Internacional. Washington).

Para todos todo

“P a r a   t o d o s   t o d o”

Raúl Pérez Ríos

A Tania Rodríguez Mora,
por la luz brindada para la
realización de este ensayo.

“Estar en la izquierda es,
como principio ético, luchar
 para que todos tengan acceso
a los bienes esenciales para
la vida y la felicidad”.

Frei Betto[1]


Para vivir, el ser humano necesita comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. La satisfacción de estas necesidades se ha hecho desde hace miles de años a través de la producción de los medios indispensables para ello[2].

Para producir los bienes y servicios que el ser humano requiere en su vida diaria, se necesita contar al menos con dos elementos básicos: la fuerza humana de trabajo y los medios de producción[3]. Estos dos elementos son conocidos, en términos más especializados, como las fuerzas productivas, y cada uno de ellos le pertenece actualmente a personas o entidades distintas: la fuerza humana de trabajo le pertenece a los trabajadores, mientras que los medios de producción están en manos de los empresarios o, en algunos casos, del Estado, pero con las políticas neoliberales, los medios de producción en manos del Estado (empresas públicas), se están “privatizando”[4], con el argumento de que los medios de producción en manos de los empresarios son más eficientes, además de que con la privatización de las empresas o servicios públicos se reduce la demanda de subsidios[5] y mejoran los servicios.

De esta manera, el neoliberalismo le está permitiendo a unos cuantos empresarios adueñarse de la mayor parte de los medios de producción, mientras que al Estado lo deja con un tamaño y responsabilidades mínimas, incapaz para regular y revertir los excesos y abusos de los empresarios[6], pero capaz de controlar y reprimir el descontento que todo esto genera.

Aunque la separación que existe entre los medios de producción y la fuerza humana de trabajo, exige el establecimiento de una relación simbiótica entre sus dueños (empresarios y trabajadores respectivamente), con los diversos avances tecnológicos, los empresarios, necesitan cada vez menos de los trabajadores, porque los medios de producción requieren de menos fuerza humana de trabajo para funcionar, por lo que cada día aumenta el número de desempleados.

Gaudêncio Frigotto menciona que “mediante la nueva base técnica del trabajo, la base electrónica, se producen robots, máquinas informatizadas, las cuales, como nunca, pueden aumentar la productividad y la calidad, prescindiendo de millones de brazos y cerebros, y amplía la explotación y la precarización de los trabajadores empleados[7].

Se puede decir que los medios de producción, y principalmente los medios de trabajo, se están “independizando” de la fuerza humana de trabajo, y los únicos perjudicados con esta “independencia” son los trabajadores, porque no son dueños de los medios de producción, solo son dueños de una fuerza humana de trabajo que ya no se necesita en gran cantidad.

Esta situación que le ha otorgado a los grandes empresarios muchas ganancias, también les está generando un grave problema de legitimidad, y al Estado un problema de gobernabilidad, porque muchos de los que han sido excluidos del proceso de producción, están comenzado a cuestionar la conveniencia de privatizar los medios de producción, porque sólo ha beneficiado a los grandes empresarios.

“Para todos todo” es una de las principales consignas que se enarbolan en contra de la desigual distribución de la riqueza que provoca la privatización de los medios de producción. Con la privatización de los medios de producción, los beneficios y las ganancias son sólo para unos cuantos, principalmente para los propietarios de dichos medios. Si todos fuéramos dueños de los medios de producción, los beneficios tendrían que ser también para todos, y eso es algo que les preocupa a los actuales dueños de los medios de producción, porque podrían perder los privilegios de los que han gozado hasta ahora.

En el contexto de la globalización, la situación del desempleo se agrava, porque con el libre comercio, las empresas transnacionales están desplazando y en algunos casos se están apropiando de las empresas locales, generando con ello mayor desempleo. David Márquez Ayala menciona que “en México más de la mitad de la población económicamente activa se ocupa en la economía informal, esta subocupada (en trabajos temporales, a tiempo parcial o con ingresos inferiores a los legales), o bien se declara abiertamente desempleada (...). Sin embargo, tan grave como este rezago en materia de empleo formal y seguridad social es el hecho de que el problema crece año con año en la medida en que el modelo económico actual se muestra impotente para generar ya no digamos los empleos formales comprometidos por el gobierno (...), sino incluso una cifra medianamente cercana a lo necesario para evitar que el problema aumente[8].

Lo anterior es una muestra de que el sistema capitalista esta en crisis, aunque –como dice Frigotto- esta crisis no significa el fin del capitalismo. Frigotto considera que, “si nos fijamos en el debate sobre la actual situación del capital global, o mundializado, encontraremos innumerables argumentos para afirmar la idea de que nunca el capital fue tan fuerte. Con el colapso del socialismo real, su ideología fue celebrada como única e irreversible y, en este sentido, las relaciones capitalistas alcanzaron la condición de eternas[9]. Sin embargo, “el capital, en cuanto una relación social históricamente producida, no es eterno como sus apóstoles y apologetas intentan hacer creer[10].

Frigotto nos advierte que “la mundialización del capital constituye, al mismo tiempo, un proceso mediante el cual el capital fue rompiendo las barreras externas que lo regulaban y lo limitaban, convirtiéndolo en un capital ‘auto-regulado’, y la forma mediante la cual sus contradicciones afectarán al conjunto de la humanidad[11]. El desempleo es uno de los principales daños que el capitalismo le hace al conjunto de la humanidad. Otro de sus principales daños es la destrucción del medio ambiente, y ante eso nuestro compromiso consiste en reflexionar para poder hacer algo al respecto.

El pilar fundamental del sistema capitalista es la propiedad privada de los medios de producción. Enzo Del Búfalo dice que “la propiedad privada hace posible la separación del trabajo de sus instrumentos los cuales, de este modo, se convierten en un medio de sumisión[12], porque quien no sea dueño de los instrumentos de trabajo tendrá que someterse a las condiciones que le imponga el poseedor de dichos instrumentos.

Es por ello que nuevamente se pone en la orden del día la necesidad de abolir la propiedad privada, tanto la individual o propiedad privada a secas, como la colectiva, también conocida como propiedad pública o estatal, porque, como dice Enzo Del Búfalo, “la propiedad estatal (...) no es la propiedad de todos que se opone a la propiedad del individuo, que si es privada frente a los demás. La propiedad estatal, en tanto propiedad del déspota, es siempre una propiedad privada, porque priva a cada individuo de ella y a cualquier otro déspota también. La propiedad pública no es, pues, la propiedad de todos (...), sino una propiedad privada del todo. Los miembros de un Estado no pueden disponer de partes alícuotas de los bienes de éste, mientras que el déspota o su representante sí[13]. Por esta razón, la propiedad privada colectiva también debe ser abolida.

“Para todos todo” es una de las consignas que enarbolan algunos de los nuevos movimientos en contra de la exclusión, la desigualdad, la explotación, la injusticia y la enajenación.

“Para todos todo” exige  el reconocimiento del otro, del dueño, como causa de la exclusión actual en la que vivimos, así como la necesidad de hacer causa común con todos los excluidos para afianzar un sistema opuesto a los intereses y privilegios de los actuales propietarios de los medios de producción[14].

“Para todos todo” significa la abolición de la propiedad privada –tanto la individual como la colectiva- y la instauración de la propiedad común, así como el reconocimiento y la realización efectiva de los derechos inalienables que nos permiten reconocernos como ciudadanos[15].

“Para todos todo” es el grito de los excluidos por las políticas sociales promovidas por los Estados nacionales, tanto en la educación como en el trabajo, al igual que en otros sectores de la sociedad, como consecuencia del proceso de mundialización del capital asociado al recetario neoliberal[16].

“Para todos todo” . . .


16 de abril del 2002






[1] Betto, Frei. 2002. “Lula: el nuevo tiempo de la izquierda. Su elección, resultado de un movimiento social construido a lo largo de 40 años”. La Jornada. El Mundo. Lunes 30 de diciembre. p. 40 y 30.
[2] Marx, Carlos. s/f. “La ideología alemana” (Resumen). Ediciones Quinto Sol. México. p. 22.
[3] Se le llama “medios de producción” a todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Comprenden tanto la materia bruta (sustancia que proviene directamente de la naturaleza) y la materia prima (sustancia que ha sufrido una modificación cualquiera efectuada por el trabajo), como los medios de trabajo (todas las cosas que directa o indirectamente permiten al trabajador transformar el objeto sobre el cual trabaja en un producto final) empleados en el proceso de producción (Harnecker, Marta. 1989. “Los conceptos elementales del materialismo histórico”. 57ª  Ed. Siglo XXI Editores. México. p. 35-38).
[4] Enzo del Búfalo considera que “la propiedad estatal (…) no es la propiedad de todos que se opone a la propiedad del individuo, que si es privada frente a los demás. La propiedad estatal, en tanto propiedad del déspota, es siempre una propiedad privada, porque priva a cada individuo de ella y a cualquier otro déspota también. La propiedad pública no es, pues, la propiedad de todos (…), sino una propiedad privada del todo. Los miembros de un estado no pueden disponer de partes alícuotas de los bienes de éste, mientras que el déspota o su representante sí”. En ese sentido, cuando las empresas públicas se “privatizan”, en realidad solo dejan de ser una propiedad privada colectiva, para convertirse en una propiedad privada individual. Del Búfalo, op. cit p. 82.
[5] Carney, Larry S. 1999. “Globalización: ¿el legado final del socialismo?” En: Saxe-Fernández, John (Coord.) 1999. “Globalización: crítica a un paradigma”. Capítulo 5. Plaza & Janes. UNAM. IIE. DGAPA. p. 174.
[6] García Urrutia, Manuel. 1998. “¿Qué es el neoliberalismo?” La Jornada. Economía. Viernes 27 de marzo. p. 22.
[7] Frigotto, Gaudêncio. 2001. “A nova e velha faces da crise do capital e o labirinto dos referenciais teóricos”. En: Frigotto, Gaudêncio e Ciavatta, Maria (orgs.). 2001. “Teoria e Educaçao no laberinto do capital”. Edit. Vozes. Petrópolis. p. 21-45.
[8] Márquez Ayala, David. 2002. “Estadísticas sobre empleo”. Reporte Económico. La Jornada. Economía. Año 18. No. 6332. Lunes 15 de abril. México, D. F. p. 24.
[9] Frigotto, op. cit.
[10] Frigotto, op. cit.
[11] Frigotto, op. cit.
[12] Del Búfalo, Enzo. 1997. “El sujeto encadenado: Estado y mercado en la genealogía del individuo social”. Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Caracas. p. 58.
[13] Del Búfalo, op. cit. p. 82.
[14] Martí, José. 1973. “Nuestra América”. Ariel. Barcelona. Citado por: Roig, Arturo Andrés. 1981. “Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano”. F.C.E. México. p. 36-38.
[15] Frigotto, Gaudêncio y Gentili, Pablo. 2000. “Presentación”. En: Gentili, Pablo y Frigotto, Gaudêncio (orgs.). 2000. “A Cidadania Negada. Políticas de exclusao na educaçao e no trabalho”. CLACSO. Coleçao Grupos de Trabalho. Grupo de Trabalho Educaçao, Trabalho e Exclusao social. p. 9-11.
[16] Frigotto, Gaudêncio y Gentili, Pablo, op. cit.